La naturaleza y profundidad de las evaluaciones periódicas dependen, en principio, del segmento de riesgo al que pertenezca el trabajador dentro de la organización (por ejemplo, si tiene acceso a finanzas, información confidencial o activos críticos).
Sin embargo, para garantizar un estándar óptimo de seguridad y cumplimiento legal, el mínimo recomendado a evaluar de manera anual con todo el personal incluye:
- Antecedentes penales: Permite confirmar de forma legal que el colaborador no ha estado involucrado en delitos graves o procesos judiciales durante el último año.
- Antecedentes policiales: Funciona como un filtro preventivo para identificar detenciones, faltas o reportes policiales recientes que puedan comprometer la integridad de la empresa.
- Análisis de Huella digital: Auditoría de la información pública disponible en internet, especialmente en redes sociales. Esta revisión ayuda a verificar que el comportamiento público y la exposición online del colaborador sigan alineados con los valores éticos, políticas de confidencialidad y la reputación corporativa de la organización.
- Actualización de datos personales: La recopilación y validación de cambios de domicilio, números de contacto, referencias actualizadas y situación familiar para mantener los expedientes internos en orden y con información fidedigna.
Recomendación para puestos clave: Aquellos colaboradores que se ubiquen en un segmento de riesgo alto (directivos, manejo de efectivo o seguridad) deberían complementar este paquete mínimo con evaluaciones de integridad especializadas, como la prueba de VSA (Análisis de Estrés de Voz).